La toma del Palacio de Justicia

Hoy 6 de noviembre se cumplen 30 años de la Toma del Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia. Se trata de uno de los hechos más dolorosos en la historia del país. El espantoso hecho se inició con la Toma del Palacio por parte de un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) a la sede del Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar de Bogotá, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial –gobernaba entonces Belisario Betancur– duró poco más de 24 horas con lo que se conoce como la retoma por parte del Ejército Nacional.

Belisario BetancurEl presidente Belisario Betancur Cuartas. Al fondo el Palacio de Justicia

El M-19 sometió a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985.  La principal exigencia del M-19, era la de obligar al Presidente Betancur a presentarse al Palacio de Justicia para hacerle un juicio público, presidido por la Corte Suprema de Justicia, teniendo como fiscal a todo el pueblo colombiano, el cual formularía sus denuncias a través de la radio. Algo que para el gobierno era inadmisible y puso en manos de los comandantes del Ejército y la Policía la retoma del edificio.

Palacio de Justicia

Los guerrilleros, denunciaban que el ejército hacía unos meses había roto un cese al fuego después de que, según ellos, el gobierno de Betancur Cuartas incumpliera los acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984, los Acuerdos de Corinto. El presidente Belisario Betancur se había comprometido a lograr la paz con los grupos alzados en armas. En 1983 se reunió en España con los comandantes guerrilleros del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, era la primera vez que un presidente colombiano en ejercicio se reunía con guerrilleros alzados en armas.

Palacio de Justicia

Pero vino la toma. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos, entre ellos once magistrados. Once personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero. Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, han sido detenidos dos coroneles y el coronel (r) Alfonso Plazas Vega.

Palacio de Justicia

El 20 de septiembre de 1985 se realizó una reunión entre funcionarios del gobierno y algunos magistrados de la Corte, entre los que asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, con el fin de analizar las medidas de seguridad que se iban a tomar para resguardar a los cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte; Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli. Los cuatro magistrados tenían a su cargo el tema del tratado de extradición de colombianos por narcotráfico hacia Estados Unidos, y habían recibido amenazas de muerte por parte de miembros del Cartel de Medellín y su jefe Pablo Escobar.

En este encuentro se determinó que la Policía Nacional hiciera un estudio de seguridad del Palacio, el cual se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de ese año. Los resultados del mismo se presentaron en un consejo de gobierno el 17 de octubre. Dos días antes del asalto, la Policía Nacional retiró la vigilancia asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada, aunque advirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19. Un mensaje anónimo había anunciado la toma para el 17 de octubre de 1985, tal como quedara registrado en un documento.12 del comando de las Fuerzas Militares, por lo que se tomaron medidas especiales de seguridad, retiradas el 1 de noviembre por petición de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, según las investigaciones judiciales recientes, desde agosto de 1985 los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19 de atacar el Palacio de Justicia, el Palacio de Nariño (la residencia presidencial) o el Capitolio Nacional (sede del Congreso).

Cerca del medio día El M-19 entro al Palacio y acto seguido mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985.

Palacio de Justicia

Una vez terminada la retoma, periodistas documentaron cómo había quedado el Palacio mientras que soldados, policías y miembros de la Defensa Civil sacaban los cadáveres, los cuales fueron llevados por los castrenses sin que el Instituto de Medicina Legal (órgano estatal autorizado para el levantamiento de cadáveres) pudiese tener participación. En el baño se dejaron prendas y se sacaron cadáveres calcinados imposibles de identificar. Esa noche Betancur se dirigió a los colombianos asumiendo su responsabilidad.

Palacio de Justicia

La toma fue ideada y planeada por el guerrillero del M-19 Luis Otero, mientras que el comandante guerrillero Álvaro Fayad fue el encargado de aprobar el plan. Otero ya había planeado otras operaciones del M-19, como el robo de la espada de Bolívar, el asalto al Cantón Norte y la toma de la embajada de la República Dominicana, hecho por los cuales fue enjuiciado en un Consejo Verbal de Guerra, pero tras una amnistía salió de la cárcel. Si bien la operación tuvo que ser abortada debido a la alerta de las autoridades sobre el plan, rompiendo una norma del grupo de jamás retomar un plan cancelado se decidió retomar la operación ya que tanto el plan de Fayad como, principalmente, de Otero era obligar al presidente Betancur a presentarse al mencionado juicio aprovechando la ventaja del edificio, similar a una fortaleza, además de su valor simbólico como sede la justicia colombiana e igualmente aprovechando la relación de los cuadros negociadores del M-19 con los magistrados siendo éstos, tiempo atrás, docentes de derecho de los anteriores.

La toma ha sido calificada como holocausto y masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos